Alpesca Merluza Puerto Madryn

Alpesca: por sospecha de lavado de dinero, se frenó la venta de cuota de merluza

Los buques Cabo Buen Tiempo y Cabo San Juan fueron vendidos a Buenos Aires Pesca. (Foto: Revista Puerto)
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal suspendió la transferencia de las cuotas de captura de merluza Hubbsi de los buques “Cabo Buen Tiempo” y “Cabo San Juan”.
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
Fueron vendidos por Alpesca a Buenos Aires Pesca con cuotas incluidas pero se sospecha que detrás hay una operación de lavado de dinero y fraude al fisco. Fiscalía de Estado pidió frenar la operación ya que perjudicaría los intereses de Chubut. A la resolución la firmaron Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Gustavo Hornos.
En diciembre de 2014, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Procuración General de la Nación hizo una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Rawson, tras recibir un Reporte de Operación Sospechosa del Banco Santander Río. Se hizo cargo el fiscal Fernando Gélvez. Sostuvo que “existiría un andamiaje e ingeniería financiero de alta y notable complejidad” que usaba a sociedades como Poseidón, Socia y Alpesca para ingresar en el mercado legal “activos de presumible procedencia ilícita”.
Este grupo de sociedades “declarando percibir ingresos derivados de un giro comercial, realizó operaciones bancarias por inconmensurables sumas –en su gran mayoría depósitos y extracciones en efectivo-, con la finalidad de insertar en el mercado legal recursos de procedencia ignota”.
La maniobra de Héctor Omar Segundo, Alejandro Pennisi, Antonio Salvador Baldino, Jorge Andrés Baldino y Antonio Nicolás Baldino “consistió en el depósito y extracción de sumas exorbitantes de dinero de las cuentas bancarias de las sociedades mencionadas”. La sospecha sobre los fondos ilícitos se basó en que Segundo y Pennisi estaban procesados por el caso de los 110 kilos de cocaína. Ambos tenían cargos jerárquicos cuando las tres empresas desplegaron actividad en el sistema financiero.
Gélvez señaló un posible vaciamiento de Alpesca “con la supuesta enajenación de buques pesqueros a Buenos Aires Pesca, perteneciente a la familia Baldino”. Segundo y Baldino siguieron efectuando depósitos en la cuenta de Alpesca por más de $ 5.000.000 aún después de haberse desprendido de la sociedad. La modalidad de acreditar efectivo en las cuentas de las sociedades del mismo grupo y la sucesiva extracción por ventanilla “permiten inferir la simulación de negocios jurídicos con la intención de canalizar fondos marginales en el mercado legal”.
El fiscal pidió que el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación suspenda la transferencia. “Se habría ocultado el valor de los permisos y las cuotas ya que la venta de los buques se realizó por U$S 3.600.000 cada uno y, posteriormente, una escritura complementaria aclaró que la venta incluía ´todos los derechos de captura´, especialmente la Cuota Individual Transferible de Captura. De ese modo se habría subvaluado la operación en U$S 2.400.000”.
En junio de 2015 el Juzgado Federal de Rawson paralizó la transferencia. Pero Pedro Mariano Baldino, apoderado de Buenos Aires Pesca, recurrió en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Le dieron la razón basándose en que la Justicia provincial había archivado la causa del vaciamiento.
Ante esto, Fiscalía de Estado se quejó en Casación. El 14 de junio hubo una audiencia de la que participó el gobernador Mariano Arcioni. Provincia advirtió que si se permitía la operación “se ocasionaba un perjuicio de imposible o tardía reparación al afectar de manera notoria e irreversible los derechos patrimoniales, sociales y económicos de Chubut”.
Reclamaron que la transferencia de cuotas a buques de terceros podría implicar perder la cuota de pesca asignada a Chubut. Los indicios “evidencian una maniobra comercial irregular para transferir las cuotas efectuada por los accionistas de Alpesca y Buenos Aires Pesca con la intención de defraudar al fisco”.
“Se pactó un precio vil por las cuotas, que no se ajusta al precio de mercado”. Si se hubiesen sumado el precio del buque más el permiso y las Cuotas Individuales Transferibles de Captura “resultaría un valor mucho mayor a los U$S 3.600.000 que se pagó”.
Las empresas “transgredieron intencionalmente el sistema de administración según el cual las cuotas en cuestión dan derecho a extraer 6.000 toneladas de merluza cuyo precio de mercado es de U$S 1.000 por tonelada, arrojando U$S 6.000.000. Las partes evadieron USD 2.400.000”.
Por ley los bienes de Alpesca fueron declarados de utilidad pública y está en proceso de expropiación provincial para su reactivación económica. Perder las cuotas afectaría la explotación del recurso pesquero y provocaría “el colapso, reactivando conflictos sociales, patrimoniales y laborales”.
El fin de la maniobra fue “defraudar al fisco” ya que intencionalmente las empresas omitieron mencionar en el contrato original que además de los buques, vendían permisos y cuotas. “Fue un artilugio que pone en riesgo la pérdida de cuotas, afectando notoriamente los intereses de Chubut”.
La operación “es poco creíble”. Fiscalía remarcó que Pedro Baldino firmó el contrato por Buenos Aires Pesca cuando en simultáneo poseía el paquete mayoritario de AP Holding, firma que controlaba Alpesca. Un mismo grupo económico manejaría ambas empresas. Y hay datos suficientes para confirmar la hipótesis de lavado de activos, por el “origen sospechoso” de los fondos con que Buenos Aires compró: en sus balances no contaba con dinero ni figuraba en los registros contables. Solo impidiendo la transferencia se conservan los bienes que podrían ser producto del lavado.
Casación le dio la razón a la Provincia. Es que aunque el caso del vaciamiento de Alpesca se archivó, se puede reabrir. Además el caso provincial no influye en la causa federal por lavado. El Juzgado Federal de Rawson en marzo de 2017 ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del grupo investigado. O sea que las sospechas siguen. “Está en juego la efectiva vigencia de la administración de los recursos naturales por parte de esa provincia”. Si se permite la transferencia “hay derechos económicos y sociales que se verían severamente afectados”.#

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