Chubut

González sobre el FAP: «Hay una clara doble imposición, que rechazamos»

“El Fondo Ambiental Provincial no se está pagando porque consideramos que podemos demostrar ante la Justicia que es injusto”, señaló González.

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El presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), Gustavo González, reveló que el sector aguarda una definición de la justicia provincial sobre el Fondo Ambiental Provincial (FAP) luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinara la competencia para el caso.

La entidad que nuclea a los barcos que operan desde el puerto de Rawson sostiene que “se trata de una doble imposición” al tiempo que consideran que tampoco deber ser aplicado a las plantas de procesamiento. Hasta el momento, salvo algunas excepciones, la mayoría de las empresas propietarias de embarcaciones no ha abonado el canon que tiene el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable como organismo recaudador, así lo reseña REVISTA PUERTO.

Reclamos

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es que dio un fallo negativo, sino que se declaró incompetente, trasladando la competencia a la Justicia de la provincia, y lo que hicimos fue hacer una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, el cual aún no se ha expedido”, explicó González tras el fallo por un pedido de inconstitucionalidad que había planteado Agropez.

“Además de eso hicimos un reclamo administrativo ante la liquidación del impuesto que consideramos está mal liquidado. Los Certificados de Deuda entendemos que están mal hechos, independientemente de que esperamos la resolución de la Suprema Corte de Chubut”, sostuvo el titular de la CAFACh.

En cuanto a las intimaciones de pago realizadas por el Ministerio de Ambiente señaló que “la provincia tiene una ley vigente y hacen lo que establece que es certificar las deudas, y la potestad del pago o no pago es nuestra, y hasta ahora nadie lo ha pagado, lo mismo pasa con la flota que opera en aguas nacionales, nadie lo ha pagado”, precisó.

“Las cámaras tanto de costeros como de fresqueros de altura están con el mismo abogado e hicieron la misma presentación y se está a la espera de resolución”, indicó Gustavo González.

Doble imposición

La CAFACh sostiene que este canon “ni siquiera lo tienen que pagar las plantas. Hay una clara doble imposición, que rechazamos. Porque por un lado a través de la Ley 2409 donde pagamos el derecho de extracción, pagamos el impacto ambiental que genera la flota. Esa ley está vigente y la estamos pagando con normalidad, por lo tanto, no es un impuesto que se debería trasladar a las plantas”, enfatizó clarificando la postura de la entidad empresarial.

La norma fue sancionada por la Legislatura de Chubut en 2018 con modificaciones posteriores, fue vetada por el Poder Ejecutivo, y posteriormente ratificada por la Cámara de Diputados. A comienzos de 2020 se presentó un proyecto de ley de derogación del Fondo Ambiental Provincial, aunque luego fue sacado de la agenda parlamentaria y ni siquiera llegó a tener tratamiento en comisiones.

«No debería existir»

“Es un impuesto que está mal sancionado y decimos que hay una clara doble imposición, por lo que consideramos que no debería existir, no que lo debería pagar otro sector. Si lo tuvieran que pagar las plantas que son las que nos compran el pescado, lo que van a hacer es trasladar ese costo al precio de compra y en definitiva lo terminamos pagando igual”, argumentó González al tiempo de mencionar que “en la última reforma tributaria provincial al sector le duplicaron Ingresos Brutos, pagábamos 0,75 y pasamos a pagar 1,5. El uso de puertos aumentó un 300 por ciento, y lo estamos pagando”, destalló sobre la presión fiscal que tiene el sector.

“Tenemos todos los impuestos al día, y el FAP no se está pagando porque consideramos que podemos demostrar ante la justicia que es injusto. Mientras tanto la ley está vigente y la Provincia emite los certificados de deuda. No es una cuestión del Ejecutivo contra la flota, sino que al estar vigente tienen que pedir su cobro, y nosotros tenemos que demostrar que esa ley está mal aplicada”, concluyó.

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