La Corte Suprema ratifica el mandato para que las empresas se vacunen contra el Gobierno de Biden, permitiendo que el régimen de trabajadores de la salud

El jueves, la Corte Suprema prohibió a la administración de Biden hacer cumplir los requisitos de vacunación o prueba para las grandes empresas privadas, pero permitió requisitos similares para las instalaciones médicas que contratan seguros médicos o asignaciones médicas.

Los veredictos llegan tres días después de que la acción de emergencia de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional comenzara a surtir efecto.

Ese mandato requiere que los trabajadores en empresas con 100 o más empleados se vacunen contra el ingreso al lugar de trabajo o se sometan a una prueba gubernamental negativa semanal. Los trabajadores que no han sido vacunados deben usar máscaras en el interior.

“Aunque el Congreso indudablemente le ha dado a OSHA el poder de regular los riesgos laborales, aún no le ha dado a la agencia el poder de regular la salud pública en una escala más amplia”, escribió la corte en una nota sin firmar.

“84 millones de estadounidenses necesitan la vacuna, y los seleccionados porque trabajan para empleadores con más de 100 empleados, sin duda caerán en la última categoría”, escribió el tribunal.

El viernes 7 de enero de 2022, durante un debate sobre las acciones de dos órdenes federales de vacunación contra el coronavirus en Washington, D.C., EE. UU., un manifestante sostuvo un cartel frente a la Corte Suprema de EE. UU. que decía «no mezclen libertades y órdenes».

Al Drago | alcalde Bloomberg | imágenes falsas

Los jueces liberales Stephen Fryer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan no estuvieron de acuerdo, y la mayoría escribió que «se está abusando gravemente de las normas legales aplicables».

En un fallo separado y simultáneo sobre las reglas de inmunización de la administración para los trabajadores de la salud, una mayoría de 5 a 4 dijo: «Estamos de acuerdo con el gobierno. [Health and Human Services] La regla del Secretario General cae dentro del ámbito del Congreso.

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Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Korsch y Amy Connie Barrett no aceptaron el veredicto.

“No creo que sea probable que el gobierno federal demuestre que el Congreso ha aprobado la medida sin precedentes de vacunar a más de 10.000.000 de trabajadores de la salud contra el dolor redundante”, escribió Alito en su protesta.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las decisiones de CNBC.

La OSHA, que regula la seguridad en el lugar de trabajo para el sector laboral, emitió órdenes bajo sus poderes de emergencia establecidos por el Congreso. OSHA puede eludir el proceso de formulación de regulaciones normales, que puede llevar años, y si el Secretario del Trabajo establece un nuevo estándar de seguridad en el lugar de trabajo, debe proteger a los trabajadores de riesgos graves.

La administración de Biden argumentó en el Tribunal Superior el viernes que las reglas eran necesarias para abordar el «riesgo grave» que plantea la epidemia del gobierno. Los jueces liberales, que claramente simpatizan con la posición del gobierno, señalan el catastrófico número de muertos por la epidemia y la ola sin precedentes de epidemias en todo el país debido a la variación Omigran.

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Pero la mayoría conservadora de 6-3 de la corte expresó profundas dudas sobre la acción del gobierno federal.

Presidente George W. Bush. El presidente del Tribunal Supremo designado por Bush, John Roberts, dijo durante el debate que consideraba difícil argumentar que la Ley OSHA de 1970 «otorga a las agencias la autoridad independiente para hacer cumplir regulaciones tan amplias».

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Reglas sobre vacunas o juicios Los abogados o gobernadores republicanos de 27 estados se han enfrentado a demandas con grupos empresariales nacionales como empresas privadas, grupos religiosos y la Federación Nacional de Minoristas, las Asociaciones Estadounidenses de Camiones y la Federación Nacional de Empresas Independientes.

Las órdenes fueron el uso más completo del poder del gobierno federal para proteger a los trabajadores de las enfermedades gubernamentales desde el inicio de la epidemia.

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